No. 410

22 de Febrero de 2010

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Aparador

Reclamos de la prensa libre

Por Humberto Mota

No fue sino hasta que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunciara la visita de una importante delegación a nuestro país, cuando las autoridades mexicanas finalmente se decidieron a atender algunas de las demandas del organismo continental y de la prensa nacional. En noviembre pasado, en su 65 Asamblea General celebrada en Buenos Aires, Argentina, la SIP denunció la amenaza constante que enfrenta el periodismo mexicano ante los casos de asesinatos y agresiones a periodistas y medios de comunicación, en un entorno de “impunidad y autocensura”. Ante este clima de violencia general y en específico contra la prensa, la SIP protestó y lamentó que la nueva Legislatura de México no tenga la misma voluntad política que la anterior. Ello, debido a que la Cámara de Diputados eliminó la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Por estas razones, en sus considerandos respecto al caso de México, el organismo, que agrupa a más de 1,300 periódicos y revistas del hemisferio occidental, resolvió en esa asamblea, entre otras cosas:
1.- Exigir al Congreso de la Unión que en la Cámara de Diputados se reviva la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, con presupuesto y lugar destacado para sus trabajos en la agencia legislativa.
2.- Exigir al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, que atienda las peticiones de la SIP sobre la transformación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas en un verdadero órgano de de investigación, serio, transparente y eficaz, en torno a los atentados a la libertad de expresión.Asimismo, que nombre a un titular competente para ese órgano.
3.- Demandar al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que diseñen estrategias integrales para enfrentar el fenómeno del crimen organizado y garanticen la seguridad a los reporteros amenazados y presionados por éste.
A principios de este mes la SIP volvió a insistir ante las autoridades mexicanas. El presidente del organismo, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, de Miami, demandó al gobierno de México medidas más enérgicas y acciones específicas para combatir la violencia contra periodistas, luego del asesinato de Jorge Ochoa Martínez, editor de los semanarios “El Oportuno” y “Despertar de la Costa Chica” en Guerrero. Y es que con ese crimen, perpetrado el 29 de enero, tan sólo en el primer mes de este año ya son tres los comunicadores ejecutados en el país. Según datos del periódico El Universal, en esta primera década del siglo XXI, 64 periodistas perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada, con el 2009 como el año más violento, con 13 asesinatos y una reportera desaparecida. Por ello, ante esta nueva denuncia de la SIP, y con el aviso del propio Alejandro Aguirre de que él encabezaría la delegación del organismo para demandar al presidente Felipe Calderón más medidas de seguridad y protección para fortalecer la libertad de prensa, inmediatamente las autoridades mexicanas se dispusieron a actuar. El mismo día de la llegada de la delegación de la SIP, el 15 de febrero pasado, el procurador general, Arturo Chávez Chávez, designó a Gustavo R. Salas Chávez como nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, en sustitución de Octavio Orellana Wiarco. También anunció una reorganización del organismo, que lo pondrá en dependencia directa del procurador general y ya no de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad. De igual manera, en una reunión de trabajo con los delegados de la SIP, el secretario de Gobernación, Gómez Mont, y el propio Chávez Chávez se comprometieron a seguir analizando reformas legales y administrativas que permitan combatir la impunidad y la violencia contra periodistas. Por su parte, en un foro de discusión, los diputados también se comprometieron a conformar nuevamente la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Es obvio que para la SIP estas acciones de las autoridades mexicanas constituyen pasos importantes en la lucha por la libertad de prensa. Sin embargo, desde octubre del 2008 la misma Cámara de Diputados mantiene congelada la Iniciativa para Federalizar los Delitos en Contra de Periodistas. Ésta fue enviada por el presidente Calderón en respuesta a las reiteradas demandas no sólo de la SIP, sino también de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME), que encabeza Gonzalo Leaño Reyes, director del diario Ocho Columnas de Guadalajara. La prensa mexicana reclama urgentemente que se legisle para tipificar como delitos federales las agresiones a la libertad de expresión; que se establezca una verdadera coordinación de los trabajos entre las autoridades municipales, estatales y federales en la investigación y seguimiento de los casos, y que nadie evada su responsabilidad. hmota@hotmail.com