José
Antonio
Elvira
de la Torre

Politólogo

El lunes 29 de septiembre el Consejo General del IFE aprobó sanciones económicas a partidos políticos por su desempeño en el proceso electoral de 2006 y algunos actos posteriores. El PAN fue sancionado porque en diciembre de 2005 su entonces candidato a la presidencia envío por correo tarjetas de felicitación navideña, mientras que la sanción para el PRI fue por los mensajes en televisión, que en las mismas fechas promovían a su candidato, aún con la existencia de una restricción de la actividad proselitista.
Pareciera que la diferencia de los montos con que uno y otro fueron sancionados, es excesiva, dado el criterio aplicado: no importa que los anuncios televisivos llegaran a un mayor número de ciudadanos y tuvieran un mayor impacto que las tarjetas, sino quien ganó la elección. Sin embargo, la sanción más severa que se aprobó fue para el PRD y el FAP.
Al primero, por el bloqueo que su candidato, militantes y simpatizantes realizaron en calles de la capital del país, luego de inconformarse con los resultados de la jornada electoral, y por tratar de impedir la renovación del Poder Ejecutivo al mantener bloqueada la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en diciembre de 2006. Al FAP, que también incluye al PRD, se le sanciona la toma de la Cámara de Senadores para evitar que en abril de este año, se discutiera y eventualmente se aprobara la iniciativa de reforma energética.
Esta sanción reviste una importancia especial. Nunca en la historia de los organismos electorales autónomos en nuestro país, un partido político había sido sancionado por incumplir su compromiso con la vigencia y pleno ejercicio de la democracia y sus instituciones.
No obstante que uno de los requisitos fundamentales para que todo partido político obtenga registro y derecho a competir en las elecciones, es su aceptación explícita a promover con su desempeño los valores democráticos y a respetar a las instituciones del Estado, habíamos sido espectadores de un gran número de declaraciones y acciones de actores políticos y partidos, completamente contrarias al propósito de fortalecer nuestro marco institucional y consolidar nuestra joven democracia.
Es posible que para algunas personas, la realización de manifestaciones como la de los bloqueos del paseo de la reforma y la toma de tribunas del Congreso de la Unión, puedan ser aceptadas como actos de verdadera representación de los intereses de ciudadanos, sin embargo, lo que este tipo de expresiones ponen en el centro de la discusión, es el grado real de compromiso y responsabilidad democrática de los actores y las organizaciones políticas en nuestro país.
La vía de la confrontación, es contraria a la democracia y a la solidez del orden y la estabilidad de una sociedad. Eso no significa que en aras de un discurso de respeto a la democracia se cancelen la capacidad de disentir, la discusión pública de las ideas y el debate apasionado de diferentes posiciones políticas, pero, sí implica a los partidos políticos, la obligación de utilizar y agotar las vías jurídicas e institucionales con que contamos para dirimir tales controversias.
Asumir el compromiso de ser demócratas no significa, en ningún momento claudicar de nuestras diferentes visiones y proyectos sobre el Estado y la Nación, significa, fundamentalmente, que nos comprometemos a respetar al otro, al diferente, que nos comprometemos a construir con él, un proyecto que rescate lo mejor de ambas propuestas.